La apuesta electoral de Cristina arrincona los objetivos macroeconómicos de Guzmán. La vicepresidenta quiere consolidar su control sobre el Senado y por lo tanto no quiere ni que las jubilaciones ni los salarios sientan el impacto de la suba de tarifas. El problema es que si sí siguen congeladas las tarifas, los subsidios van a seguir creciendo y el rojo fiscal no va a encontrar quién lo financie.

Si se sigue financiando con emisión, lejos de bajar la inflación seguramente siga en alza tal y como da por descontado el mercado. Y en ese caso, solo por el hecho de que la inflación 2020 que se use para actualizar los haberes será más baja que la de 2021, en la práctica terminará habiendo un ajuste sobre los jubilados y los pensionados. Si crece el gasto en subsidios y no se ajustan las jubilaciones, entonces Guzmán solo podrá recortar el gasto destinado a la reactivación. Y precisamente este gasto es el que lo ayudará a recaudar 1% del PBI adicional en 2021. Opción descartada, salvo que un nuevo brote de covid cambie el escenario.

Por eso, entre los economistas creen que habrá una disonancia discursiva. Por un lado, se impondrá el discurso político de que no hay ajuste, pero en la práctica sí lo habrá y se irá viendo en gradualmente en los resultados fiscales del sector público. Al fin y al cabo, si la inflación efectivamente sube, bastará con subir las tarifas en línea con la inflación para que los subsidios se sostengan en 2,9% del PBI (en 2018 eran del 1,5%).

Entre los economistas creen que habrá una disonancia discursiva. Por un lado, se impondrá el discurso político de que no hay ajuste, pero en la práctica sí lo habrá y se irá viendo en los resultados fiscales del sector público.

Con ese nivel de subsidios y la inflación licuando en parte jubilaciones y salarios, para el economista y director de la consultora EcoGo, Federico Furiase: "El déficit va a estar más cerca del 3% o 3,5% que del 4%. Esto es siempre y cuando este año el déficit primario cierre ligeramente por debajo de los 7 puntos, como parece que va a ser".

Para el economista consultado, es clave, primero, que no haya un rebrote de la pandemia que paralice la economía nuevamente y, segundo, que el mercado llegue a ver que efectivamente se está haciendo una consolidación fiscal y financie el déficit, pese al discurso político de que no se está ajustando. En este sentido, el acuerdo con el FMI puede ser la piedra fundante de un nuevo vínculo entre el Estado y los acreedores locales.

Una primera señal ya se vio hoy con la publicación de la performance del Estado en noviembre: se desaceleraron el gasto en subsidios sociales y energéticos y las transferencias a provincias; mientras que se observó una recuperación moderada de los recursos tributarios, que es esperable que continúe en los próximos meses. "El déficit primario alcanzaría el 7% del PBI en este año mientras que el financiero alcanzaría el 9,5% del PBI", coincidieron desde la consultora ACM.

El punto en el que coinciden todos los analistas es que lo peor que puede surgir de esta pulseada entre la consolidación fiscal gradual (y financiada localmente) que postula Guzmán y el no ajuste que quiere Cristina para asegurarse las elecciones de medio término, es que el ajuste lo haga una devaluación antes de los comicios. Los dejaría sin el pan y sin la torta: con un ajuste inflacionario y subsidios más altos y una muestra de un doble comando errático imposible de "vender" electoralmente.

En Hacienda, sostienen que no hay incompatibilidad entre Cristina y Guzmán y que verán la forma de encontrar un balance entre las tarifas dolarizadas de la gestión de Macri y el regreso al congelamiento tarifario del gobierno previo.

Lo cierto es que hasta que esta pulseada entre consolidación fiscal y gasto electoral no se resuelva, ni el acuerdo con el FMI va a ser viable ni el financiamiento para financiar el programa de obra pública para la reactivación va a aparecer.